Tras más de tres décadas en el Congreso, el Tribunal Constitucional acordó cesar de su cargo a la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, tras aceptar el requerimiento presentado por Chile Vamos y Republicanos. Todo esto a raíz de la polémica y fallida compra de la casa del expresidente, Salvador Allende, por parte del ejecutivo.
En una audiencia que duró cerca de 2 horas, el órgano acogió los argumentos opositores que acusaban a la legisladora de vulnerar el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios suscribir contratos con el Estado en el pleno ejercicio de sus funciones. Con esto, Isabel Allende se convierte en la primera Congresista destituida por estos motivos.
Una vez conocida la resolución, desde el ejecutivo, la ministra vocero de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry, lamentó el fallo del Tribunal Constitucional, apuntando a que se trata de un precedente grave por el cese de una senadora democráticamente electa.
En tanto, desde la oposición, la diputada de la bancada de Renovación Nacional, integrante de la comisión investigadora del caso, Paula Labra, celebró la salida de la senadora porque, a su juicio, hubo una clara vulneración a la Constitución, "un escándalo sin precedentes".
En contraparte, en el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, calificó la destitución de Allende como una “verdadera injusticia”, y cuestionó el actuar de los parlamentarios opositores y los del Frente Amplio por apoyar el requerimiento.
Finalmente, a través de un comunicado, la ahora exsenadora Isabel Allende lamentó la decisión del tribunal, argumentando que su familia siempre actuó de buena fe y que nunca recibieron un peso por un proyecto que no prosperó. Asimismo, agregó que en sus 31 años como parlamentaria jamás usó su cargo para beneficio personal.
De esta forma, la congresista se transforma en el tercer alto cargo afectado por la fallida compra de la casa del expresidente, Salvador Allende. La frustrada operación también ocasionó la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.