Hasta 10 años de cárcel arriesga un sujeto acusado de trata de personas y de obligar a un grupo de haitianos a realizar trabajos en paupérrimas condiciones, en Puerto Natales, en la región de Magallanes.
El hombre es cuestión es Jaime Tomás Cabrera Almendra, por hechos ocurridos en 2018. Las víctimas serían ocho personas mayores de edad.
Según se dio a conocer durante el inicio del juicio oral, las víctimas habrían llegado en enero de 2018 a Puerto Natales desde Santiago, luego de ser captados por otro ciudadano haitiano, identificado como James Sant Fort.
Las personas habrían aceptado viajar hasta el sur del país con el fin de poder regularizar su situación migratoria.
Al llegar a Punta Natales, Cabrera les retuvo sus pasaportes y les indicó que tanto la alimentación como la indumentaria serían descontada del sueldo.
Tras ello, los trasladó hasta una rancha en Villa Renoval, lugar donde no hay servicios básicos; luz, calefacción, alcantarillado y locomoción.
Por lo anterior, las víctimas debían realizar sus necesidades básicas a al aire libre, así como bañarse y lavarse en un riachuelo.
Trabajos forzosos y condiciones paupérrimas
La labor que debían cumplir era la recolección de turba y almacenarlos en saco. Todo esto en una jornada laboral que comenzaba a las 7 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a domingos, días libres. Incluso, sin tener tiempo de descanso.
La cuota mínima para recibir el pago era 30 unidades. Además, acusan que recibían 500 pesos chilenos por cada saco, a diferencia de los trabajadores chilenos, quienes recibían entre 700 y 1.000.
Sumado a ello, los ciudadanos haitianos debían dormir en una choza plástica que había en el lugar, expuestos al frío y condiciones contra toda norma sanitaria.
Según se expuso en el juicio, el acusado les cobraba las fotocopias, fotografías, zapatos de trabajo, comida e incluso el traslado de Santiago a Puerto Natales.
Engaño en contratos
El Ministerio Público además señaló que los ciudadanos haitianos firmaron, en febrero de 2018, un contrato que se encontraba en español, pese a que solo hablan idioma creole.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2018, Cabrera les hizo firmar otros documentos, entre ellos un finiquito, donde se estipulaba que no recibirían pago por el trabajo realizado.
En su defensa, el imputado indicó que las víctimas sí comprendían el español, además de decir que facilitó la indumentaria adecuada a las labores.
Por todo lo anterior, el Ministerio Público solicita una pena de 10 años de cárcel en contra del acusado.