El diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal, distrito 26) lanzó una seria advertencia durante una entrevista con Patagonia Radio, al denunciar la posible venta irregular de 60 hectáreas de terreno en Futaleufú a un ciudadano argentino, en una zona catalogada como estratégica para la soberanía nacional, donde la ley prohíbe la compra por parte de personas de países limítrofes.
“Nos llegaron denuncias a través de redes sociales. Iniciamos una fiscalización y oficiamos a los organismos correspondientes. En esta zona, por su cercanía con la frontera, no se pueden vender terrenos a ciudadanos de países vecinos, y eso es justamente lo que habría ocurrido”, aseguró el parlamentario.
¿Zona prohibida a extranjeros?
El caso genera especial preocupación, ya que Futaleufú está ubicado en una franja territorial que, según la normativa chilena, restringe la adquisición de terrenos por parte de extranjeros provenientes de países limítrofes, como Argentina, por considerarse una zona de resguardo estratégico para el país.
Según explicó Bernales, el comprador habría utilizado un pasaporte europeo, posiblemente español, para concretar la transacción, ocultando su nacionalidad argentina.
“Nos dijeron que el comprador decía ser español, pero cuando uno lo escucha hablar, Claramente no es europeo. Esto debe investigarse con seriedad, porque no solo estamos hablando de una operación irregular, sino de una vulneración a normas de soberanía territorial”, añadió.
Una zona históricamente sensible
Futaleufú, ubicada en la provincia de Palena, limita directamente con Argentina y ha sido históricamente considerada una zona sensible desde el punto de vista geopolítico. La legislación chilena establece restricciones a la compra de terrenos en estas áreas, buscando proteger la integridad territorial y evitar conflictos de interés con naciones vecinas.
Solicitan fiscalización e intervención estatal
El diputado Bernales señaló que ya se han enviado oficios a diversas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Bienes Nacionales, la Subsecretaría del Interior y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), para que investiguen el caso y, de ser necesario, se anule la operación inmobiliaria.
“La gente en la zona está preocupada. Nos llegan mensajes y denuncias a diario. Como parlamentarios, no podemos mirar para el lado cuando se vulneran leyes tan sensibles”, sostuvo.