El Gobierno ordenó suspender el uso de armas de fuego por parte de civiles de las zonas afectadas por los incendios forestales -Región del Ñuble, Biobío, La Araucanía-, luego de que brigadistas denunciaran el ataque a disparos en medio del combate a los siniestros.
En este contexto, el Ejecutivo envió una resolución exenta el pasado 18 de febrero y la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "nos preocupa especialmente que hemos tenido algunos reportes que han tenido brigadistas en La Araucanía, y también en Bío Bío. En particular, ahora preocupa Tirúa, donde hay un incendio que es de atención".
La resolución sostiene que "es un hecho público y notorio el que algunos brigadistas que combaten los incendios forestales antes referidos han recibido ataques y/o amenazas con armas de fuego. Asimismo, se ha conocido que algunas aeronaves que combaten el fuego recibieron disparos de este tipo de armas".
Respecto a cuál es el aporte de esta resolución, el propio texto señala que "facilitará a las autoridades designadas la realización de los controles requeridos en estas situaciones y permitirá evitar inconvenientes por malentendidos que pudieren presentarse particularmente respecto de traslados de armas de fuego, sus partes, dispositivos, piezas o municiones".
Tomando en consideración lo anterior, la resolución suspende el las armas a civiles "en las regiones de Ñuble y Bío Bío, durante la vigencia del estado de excepción constitucional" y "las autorizaciones para transporte de armas de fuego, sus partes, dispositivos, piezas o municiones con objeto de caza, deporte o práctica de tiro y autorizaciones para el funcionamiento de clubes de tiro".