La Novela Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó suspender la aplicación del dictamen instaurado por la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, respecto al principio de “confianza legítima” de los funcionarios públicos a contrata.
Recordemos que dicho criterio asegura a los empleados la renovación automática de sus contratos, salvo razones justificadas. En un principio, el organismo contralor dictó que el criterio entraba en vigor a los dos años de antigüedad; sin embargo, la Corte Suprema, en reiterados fallos, señaló que solo puede operar después de los 5 años.
A raíz de estos desacuerdos, el dictamen de la nueva contralora determinó que todas las disputas contractuales sobre la invocación de la “confianza legítima” ya no serán zanjadas por la Contraloría, sino que ahora quedarán en manos de los tribunales de justicia.
En este contexto, la fundación Fuerza Ciudadana, en representación de dos exfuncionarios públicos a contrata de la Municipalidad de La Cruz, interpuso un recurso de protección, acusando que dicha resolución, según el escrito, sería “ilegal y arbitrario, por privar, perturbar y amenazar los derechos constitucionales de los trabajadores”.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista, integrante de la comisión de trabajo, Juan Santana, indicó "que es una buena noticia porque despeja la incertidumbre de los funcionarios; sin embargo, seguiremos promoviendo el proyecto ley que fija en dos años el periodo de invocación".
Finalmente, los ministros del tribunal de alzada resolvieron que, mientras revisan el fondo del recurso protección, la Contraloría General de la República deberá seguir resolviendo todas reclamaciones y disputas sobre el polémico principio.