El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, reveló que desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast se han ingresado más de 40 solicitudes de indulto presidencial, correspondientes a casos vinculados a reos comunes por hechos ocurridos entre 1973 y 1990, y también solicitudes de condenados por causas asociadas al estallido social.
La autoridad confirmó que ya resolvió rechazar una de esas peticiones y que una segunda será respondida en los próximos días. En conversación con CNN Chile, Rabat sostuvo que cada caso se analiza según sus antecedentes particulares y no únicamente por el delito cometido, incluso a condenados por violaciones a menores de edad:
Consultado sobre la posibilidad de otorgar beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos, el secretario de Estado evitó establecer prohibiciones absolutas y afirmó que la evaluación debe considerar las circunstancias específicas de cada expediente, insistiendo en que el indulto no modifica ni revisa las sentencias dictadas por los tribunales.
El debate se desarrolla mientras continúan las discusiones sobre el futuro de esta atribución presidencial. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, planteó reemplazar el indulto por un consejo evaluador especializado, una idea similar a la que el propio José Antonio Kast había propuesto anteriormente mediante un órgano colegiado que analizara los antecedentes antes de la eventual aplicación de esta facultad presidencial.