El Parlamento de Hungría aprobó una ley que permite que cualquier ciudadano pueda denunciar de manera anónima a parejas homosexuales que tengan hijos a su cuidado.
Esto iría en la misma línea de los límites promovidos por el Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán a la comunidad LGBT+ para "proteger a las infancias".
Esta ley autoriza que los ciudadanos húngaros puedan alertar al Gobierno sobre comportamientos que "violen el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución" y que no tengan en cuenta los derechos de los niños a identificarse "con el sexo de nacimiento".
La Constitución de Hungría establece que el matrimonio es "una unión entre un hombre y una mujer". Además, asegura que "la madre es una mujer y el padre es un hombre". A raíz de esto, no estarían permitidos los modelos de adopción o acogida por parte de parejas homosexuales.
Adicionalmente, el Gobierno húngaro también ha buscado limitar los contenidos o alusiones a la comunidad LGBT+ en las escuelas. Esto último, haciendo alusión al "derecho de las familias de decidir la educación de sus hijos".
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, han planteado sus dudas en torno a estas medidas, como por ejemplo, la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha decidido llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la controvertida ley de pedofilia y la protección del menor. Esto, debido a que podría tratarse de una legislación discriminatoria que atenta contra los derechos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+.
15 países se han unido al caso judicial en contra de esta ley, siendo parte España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Austria, Irlanda, Dinamarca, Malta, Suecia, Finlandia, Eslovenia, Francia, Alemania y Grecia.