El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina, en el marco de la investigación por el "Caso Vialidad".
Según consignó EFE, la exmandataria trasandina cumplirá sentencia luego de que se comprobara que lideró una "asociación fraudulenta en perjuicio de la administración pública", durante sus dos periodos como máxima autoridad de Argentina, en este contexto se decidió no hacer caso "a los planteos de nulidad",
También se condenó a Lázaro Báez a 6 años de prisión por considerarlo participe de esta misma asociación fraudulenta luego de que se firmaran millonarios contratos por obras viales incompletas, sobrevaluadas e innecesarias a favor de una única persona.
El resto de imputados condenados fueron: José López, 6 años de cárcel; Nelson Pieriotti, 6 años de cárcel; Mauricio Collareda, 4 años de cárcel; Raúl Daruich, 3 años y 6 meses; Raúl Pavesi, 4 años y 6 meses; Juan Carlos Vallafañe, 5 años de cárcel; y José Raúl Santibáñez, a 4 años de cárcel.
En tanto, Julio de Vido, Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Santiago Kirchner resultaron absueltos.
Cristina Fernández continúa con fuero y aún puede apelar
La actual vicepresidenta de Argentina continúa con fuero, por lo menos, hasta que deje su cargo a finales del 2023 cuando se realicen nuevos comicios y donde posiblemente podría volver a postularse a algún cargo que le otorgue el mismo beneficio, aprovechando los recursos de apelaciones que pueden entorpecer el proceso judicial.
Cabe señalar además, que según consignó La Nación, Fernández cumplirá 70 años de edad en febrero próximo, por lo que en caso de tener que cumplir la condena, podría reemplazar la prisión efectiva por prisión domiciliaria.
Asimismo, Cristina Fernández solo puede ver frustrada su potencial candidatura en las próximas elecciones en caso de ser condenada con un "doble conforme", es decir, dos sentencias condenatorias sucesivas, lo que es difícil que ocurra.
En caso de ser electa, por ejemplo, como senadora de Argentina y se ratifique su inhabilitación para ejercer cargos públicos, aún no está claro qué sucedería, debido a que en Argentina no hay antecedentes de este tipo, lo que sí es cierto es que se provocaría una crisis institucional de proporciones.