La posibilidad de aplicar beneficios penitenciarios incluso a condenados por delitos sexuales contra menores abrió un fuerte debate político, luego de que un diputado republicano defendiera públicamente la opción de conmutar penas por razones humanitarias. Frente a estos dichos, diputados oficialistas anunciaron una solicitud formal a Unicef Chile para que se pronuncie sobre el alcance y la gravedad de estas declaraciones.
La controversia se desató tras una entrevista televisiva, donde el parlamentario sostuvo que no deberían existir excepciones en una eventual conmutación de penas, aun cuando se trate de violadores o abusadores de menores. Según afirmó, el criterio humanitario debía aplicarse de forma amplia, argumentando que las distinciones no serían necesarias al momento de evaluar este tipo de medidas.
El legislador fue más allá y señaló que, en casos de personas condenadas que se encuentren gravemente enfermas o próximas a morir, “nadie merece morir en la cárcel”, reforzando la idea de que la condición terminal debiera primar por sobre la naturaleza del delito cometido. Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción transversal dentro del oficialismo.
En respuesta, un grupo de diputados, encabezado por Luis Cuello, anunció que solicitará la intervención del organismo internacional para que evalúe el caso. Cuello calificó los dichos como “aberrantes” y alertó sobre el riesgo de abrir la puerta a la impunidad en delitos contra la infancia. Además, cuestionó que el candidato presidencial José Antonio Kast no haya condenado estas declaraciones, y reiteró que la solicitud busca que Unicef reafirme el compromiso del Estado con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a los tratados internacionales vigentes.