La Corte de Apelaciones de San Miguel, en la región Metropolitana, ordenó al Fisco indemnizar por más de 600 millones de pesos a la senadora Fabiola Campillai y su familia, por el ataque sufrido por el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, durante el Estallido Social.
En el fallo, se expone que además de la pérdida de la vista, olfato y gusto de la parlamentaria por el accionar del ahora exuniformado, su núcleo familiar debió conllevar un trauma de la fecha a la actualidad.
En ese sentido, se indica que su hermana Ana María ha sufrido un fuerte impacto psíquico, teniendo que someterse a tratamientos psicológico y psiquiátrico, al igual que su madre.
Por su parte, y según el fallo, sus hijas han presentado daño psicológico pos ataque, requiriendo apoyo médico y psicológico, a través de fármacos. Mientras que su pareja debió suspender su trabajo para convertirse en el principal apoyo de parlamentaria.
Además, se enfatizó que el hecho ocurrido en noviembre de 2019 le ha provocado a la senadora, “consecuencias sistémicas que han truncado su proyecto histórico, individual y familiar, debiendo contar con apoyo terapéutico, para lograr mayor autonomía personal y autovalencia”.
El fallo del tribunal de alzada señala que ante las pruebas presentadas, “es posible concluir que el actuar de los funcionarios de Carabineros infringió los protocolos y normativa vigente respecto del uso de carabinas lanza gases y el control del orden público, como asimismo su deber de prestar auxilio a la víctima”.
Lo anterior, permite “tener por establecido la responsabilidad del Estado por falta de servicio por los actos realizados por funcionarios de Carabineros en ejercicio de sus funciones”.
En concreto, el Fisco deberá indemnizar por concepto de daño moral a la senadora Campillai con la suma de 300 millones de pesos, mientras que a su cónyuge con 100 millones y sus hijas con 50 millones.
Además, también será indemnizada su madre con 80 millones y su hermana con 100 millones.
En total, la familia Campillai recibirá por parte del Fisco $630 millones por concepto de daño moral.