A semanas de la audiencia de solicitud de desafuero contra la diputada exFrente Amplio, Catalina Pérez, nuevos antecedentes vuelven complicar a la parlamentaria en torno a los millonarios e irregulares traspasos de dinero entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
La legisladora está bajo la lupa del Ministerio Público por su eventual rol y conocimiento en las transferencias, superior a los 400 millones de pesos, entre la corporación liderada por su expareja, Daniel Andrade, y el organismo público, encabezado por Carlos Conteras, quien previo a este paso se desempeñó como jefe de su gabinete.
Desde que el caso estalló, Pérez aseguró desconocer y negó participar de las maniobras entre los acusados. Sin embargo, un reportaje de T13 reveló una serie de conversaciones entre la diputada y Andrade que no solo darían cuenta de su total conocimiento, sino que también cómo ideaban estrategias para enfrentar los cuestionamientos de la prensa.
A la luz de estos nuevos antecedentes, desde el Congreso, la diputada del Partido Social Cristiano, Yovanna Ahumada, señaló que es "evidente que se intentó manipular la narrativa, mientras se buscaba ambientar una fachada para una fundación que solo buscaba lucrar".
En esa misma línea, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, señaló que la legisladora "debe ser condenada por la justicia por sus actos, porque, según estas conversaciones, tiene una participación directa en los hechos".
Si bien la audiencia de solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez estaba agendada para este lunes 20 de enero, fue reagendada para el 10 de febrero. Recordemos que, en caso de aprobarse, la parlamentaria quedará suspendida de ejercer sus funciones legislativas y, además, la fiscalía podrá formalizar cargos y solicitar medidas cautelares en su contra.