Una denuncia anónima en octubre de 2022 destapó lo que hoy la Fiscalía describe como una de las mayores operaciones de robo y blanqueo de cobre en la zona norte del país. El protagonista: Francisco San Martín Álvarez, empresario coquimbano y exmilitante del Partido Republicano, acusado de mover durante más de una década cientos de toneladas de metal robado, valiéndose de testaferros, facturas falsas y exportaciones irregulares hacia India y Europa. El perjuicio fiscal por delitos tributarios ya supera los $1.500 millones, según las pesquisas.
La caída de San Martín comenzó cuando Carabineros lo sorprendió con 661 cátodos de cobre en su chatarrería, cargamento que coincidía con un robo de 62 toneladas pertenecientes a la compañía FCAB, del grupo Luksic. Aunque inicialmente no fue formalizado, el caso cobró fuerza un año después gracias al testimonio de un informante protegido, quien aseguró que el empresario acopiaba más de 200 toneladas de cobre y obtenía ganancias mensuales superiores a $130 millones, incluso acumulando cable robado para esperar mejores precios.
Las escuchas telefónicas y declaraciones de falsos proveedores terminaron por perfilar a la presunta organización: una cúpula que coordinaba el transporte, procesamiento y exportación del metal, con envíos que incluso llegaron a Bélgica y que presentaban irregularidades. Paralelamente, San Martín traspasó bienes por cerca de $1.000 millones a una sociedad sin actividad. Su defensa alega que no lideraba la red, mientras el Partido Republicano afirma que lo expulsó apenas se conoció su vínculo con la causa.