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Destituyen a ministro del Interior de Paraguay por presunto vínculo con narcotraficante

El Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó al ministro de Interior, Arnaldo Giuzzio, después de que se hicieran conocidas denuncias sobre contactos con un presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua.

El anuncio fue realizado por parte del jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann, quien aseguró que la decisión se fundamenta en "la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior".

Además, Huttemann confirmó que el ministro será reemplazado por el asesor de la Presidencia en Asuntos Estratégicos, Federico González, quien asumirá el cargo este miércoles. En el cargo que Huttemann solía participar, asumirá la actual ministra de Justicia, Cecilia Pérez, como asesora en Asuntos de Seguridad de la Presidencia.

Los medios locales fueron quienes hicieron el eco con respecto a la reunión con el presunto narcotraficante de nacionalidad brasileña, a lo que el ex ministro aseguró que estos contactos se realizaron antes de que él tuviera conocimientos de que Espíndola perteneciera a una "organización criminal".

Contraloría determinó responsabilidad del ministro Delgado en irregularidades como alcalde

La Contraloría General de la República determinó la responsabilidad ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en irregularidades en su periodo como alcalde de Santiago.

Entre las hechos, destaca la autorización mediante trato directo de elementos de publicidad municipal con el nombre y rostro suyo en elecciones. Además, se le acusa de aceptar viajes de concejales al extranjero a supuestas capacitaciones.

Ante esto último, la Contraloría determinó que no existe la "debida justificación" para visar aquellos traslados.

Recordar que el secretario de Estado acudió al ente fiscalizador para cuestionar la investigación, llegando incluso al Tribunal Constitucional para presionar para que la indagación no avanzara.

¿Posibles sanciones? Quedar inhabilitado para ejercer cargos de elección popular como la prohibición tener ocupaciones públicas.