A través de una conferencia remota, 33 convencionales constituyentes electos anunciaron su articulación y auto denominación como la “Vocería de los Pueblos”. El grupo definido como “independientes de los partidos tradicionales, del poder económico y eclesiástico” hizo un llamado a través de 6 aspectos o garantías que deberían darse para el funcionamiento de la Convención Constitucional:
Fin a la “prisión política en Chile” y la liberación a “las y los presos de la revuelta y del pueblo mapuche”; avanzar en verdad y justicia terminando con los pactos de secreto y la impunidad por la violación sistemática de Derechos Humanos ayer y hoy; reparación para las víctimas de violaciones a Derechos Humanos; desmilitarización de la Araucanía; fin a las expulsiones de migrantes y; a “hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que deben darse -sin subordinarse al Acuerdo por la Paz- que nunca suscribieron los pueblos”.
Ante esto, el ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el Ejecutivo no redacta el reglamento y solo presta el apoyo financiero y administrativo y reiteró que el Gobierno no intervendrá en el proceso.:
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Se espera que el Tribunal Calificador de Elecciones califique los sufragios antes del martes 15 de junio. Luego, el Ejecutivo tiene 3 días para dictar un decreto citando a la primera sesión, que debería realizarse la primera semana de julio.